Repudio de la comunidad islámica a las órdenes de arresto

Distintas organizaciones emitieron un comunicado en el que criticaron duramente al juez Canicoba Corral
(DyN).- La comunidad islámica argentina repudió hoy la orden de captura contra sus máximos dirigentes políticos como sospechosos del atentado contra la AMIA, advirtió que el Gobierno está involucrando a la Argentina en un conflicto internacional y le pidió a la población "no dejarse engañar".
Líderes religiosos y políticos islámicos en la Argentina convocaron para el miércoles a una marcha desde el Congreso hasta la Embajada de Israel.
Ayer, el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió la captura de nueve ex funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente Alí Rafsanjani.
"Repudiamos categóricamente el pedido de captura del juez Rodolfo Canicoba Corral así como las falacias en las que pretende fundamentar tan descabellado ataque a la República Islámica, a nuestra comunidad islámica y a nuestra autoridad religiosa, el sheij Moshen Rabbani", denunciaron la Organización Islámica Argentina, las mezquitas At-Tauhid, Ash-Shadid, Al-Imam y la Casa para la Difusión del Islam.
Y le pidieron "al pueblo argentino" no caer "una vez más en la trampa que nos quieren imponer los estados genocidas de Estados Unidos e Israel".
En ese marco, y en un directo mensaje al Gobierno, exigieron -según un documento que distribuyeron- "una política interna independiente de estados extranjeros".
No sólo acusaron al juez de basarse en "testimonios y prófugos claramente enfrentados con Irán", sino que advirtieron que Canicoba Corral "está insultado a nuestra comunidad al sostener" que Rabbani habría utilizado su autoridad religiosa como "pantalla para su verdad intención y acción terrorista".
"Nos toma a todos de estúpidos y gracias a Dios estamos lejos de serlo. No hay en ninguno de los miembros de la comunidad nadie que pueda encajar en esta tenebrosa trama que le han hecho creer que existió", sostuvieron.
La comunidad islámica añadió que la medida del juez "no ha sido capaz de aportar nada nuevo" al exhorto que ya fue rechazado por Gran Bretaña cuando el ex embajador Hadi Soleimanpour fue capturado allí en 2002 por pedido del entonces juez Juan José
Galeano, quien fue destituido después de ser seriamente cuestionado por cómo instruyó la supuesta "conexión local" en el ataque terrorista cometido en 1994 contra la AMIA.
Y destacaron que el fiscal Alberto Nisman, quien impulsó las acusaciones, se negó sistemáticamente a recibir a los representantes políticos de Irán que le solicitaron entrevistas.
"Dejen de atacar al pueblo palestino. Dejen de mentir y de inculpar a inocentes que nada tienen que ver" con este atentado, aseguraron en conferencia de prensa los representantes de la comunidad islámica liderados por Hajj Yusuf Jalil, Shaij Abdullah Madani y Shaij Mohsen Ali.
Acompañados por varios dirigentes de izquierda, como la ex legisladora Vilma Ripoll y el ex diputado Mario Cafiero, denunciaron además que estas capturas constituyen "un fallo político" porque -sostienen- "este gobierno quiere mantener el status de aliado de los Estados Unidos".
"El 18 de julio de 1994 murieron 85 argentinos y hubo cientos de heridos. Queremos Verdad y Justicia y esta decisión no avanza en ese sentido. Este Estado que es incapaz de organizar un partido de fútbol o encontrar al (testigo) Jorge Julio López, mucho menos puede ser capaz esclarecer este atentado" a través de estas capturas, dijo Cafiero.
Incluso, Cafiero denunció que "así se está poniendo a la Argentina en un terreno internacional" peligroso "sin discutir las consecuencias".
"Aunque no parezca políticamente correcto, estamos acá para acompañar a los amigos musulmanes -añadió-. Y le decimos a los amigos judíos que no se dejen engañar. Por eso le pedimos al Gobierno responsabilidad en una guerra en la que nosotros no queremos ser parte".
En ese marco, los organizadores convocaron a una marcha para el próximo miércoles a las 16, que irá desde el Congreso hasta la Embajada de Israel, Avenida de Mayo al 700, lugar donde funciona desde que el 17 de marzo de 1992 la sede oficial de ese país, en Arroyo y Suipacha, fue volada por una bomba que mató al menos a 23 personas.
La Nación - Viernes 10 de Noviembre de 2006